Comisión Nacional contra la Discriminación

 

 

La Constitución Política del Perú establece, en su artículo 1°, que la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado y que todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. En esa línea, el inciso 2 del artículo 2° de la Constitución reconoce el principio-derecho a la igualdad, señalando que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, así como que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.

 

En esa línea, el marco jurídico vigente establece normas y procedimientos destinados a garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación. Sin embargo, la diversidad del cuerpo normativo, aunado a la falta de coordinación entre las entidades competentes en la materia, el desconocimiento de los denunciantes respecto de los procedimientos administrativos y judiciales existentes ante un acto de discriminación, las dificultades en la probanza de los hechos, así como la ausencia de actividades preventivas, ocasiona que en la práctica no sea posible el efectivo ejercicio de los derechos de las personas (1). 

 

La Primera Encuesta Nacional de Derechos Humanos, realizada por la Universidad ESAN, por iniciativa y en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, revela que el 81% de los peruanos consideran que en el Perú “la discriminación ocurre todo el tiempo y nadie hace nada” (2).

 

De este modo, resulta necesario implementar un mecanismo de articulación con las entidades del Estado que tienen a su cargo la prevención, atención y protección de víctimas de casos de discriminación en cualquiera de sus formas, y de ser el caso, sancionar a los responsables de discriminación; a fin de potenciar la eficacia de los procedimientos y herramientas ya existentes y brindar una respuesta integral como Estado.

 

En ese sentido, los sectores del Poder Ejecutivo con competencia para la prevención, atención y protección de víctimas de casos de discriminación en cualquiera de sus formas, y de ser el caso, sancionar a los responsables de discriminación, son el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Educación; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

Los Ministerios mencionados conformarían la Comisión Nacional contra la Discriminación (CONACOD), comisión multisectorial de carácter permanente adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encargada de realizar labores de seguimiento, fiscalización, así como emitir opiniones y brindar asesoramiento técnico al Poder Ejecutivo en el desarrollo de políticas públicas, programas, proyectos, planes de acción y estrategias en materia de igualdad y no discriminación.

 

La CONACOD permitirá:

 

  • Analizar la situación de la discriminación en el Perú de forma integral para, a partir de ello, aprobar medidas para combatirlo, contribuyendo a mejorar el goce efectivo de los derechos de las personas.
  • Fiscalizar las acciones llevadas a cabo a nivel nacional con respecto a situaciones de discriminación, de acuerdo con las competencias de cada sector.
  • Diseñar e implementar una plataforma nacional de acción contra la discriminación.
  • Proponer lineamientos nacionales en temas de discriminación, en sintonía con lo planteado por los entes competentes.
  • Proponer los mecanismos necesarios para la protección, promoción y garantía de los derechos a la igualdad y no discriminación, tanto a nivel nacional, como a nivel regional y local.
  • Monitorear los avances del Estado peruano en materia de igualdad y no discriminación, a través de mecanismos.

 

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(1) Defensoría del Pueblo. La lucha contra la discriminación: Avances y desafíos– Informe Nº 008-2013-DP/ADHPD, 2013.

 

(2) Asimismo, dicha encuesta señala que existe un importante porcentaje de la población que percibe una clara conducta discriminatoria por parte de una amplia gama de la sociedad en relación con la mujer, el afrodescendiente, la persona con discapacidad, el poblador indígena, la población LGTBI, las personas que padecen el VIH, las personas que alguna vez se han encontrado privadas de libertad, entre otras.

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